Justicia en Córdoba: casi todos foráneos

La originaria Constitución de la Provincia de Córdoba (CP), de 1923, fue reemplazada (literalmente) en 1987. Vox populi, el principal objetivo político fue permitir la reelección del entonces gobernador, vedada anteriormente. El artículo 136 de la CP vigente la admite.

Eduardo Angeloz dirigió la provincia tres períodos, el último de los cuales fue inconstitucional. Una interpretación retorcida, avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que él nombró, calificó su segundo mandato como el “primero” con la nueva Constitución. Así, ejerció otro que, curiosidad numérica, fue el tercero. La población lo eligió, despreciando esa irregularidad.

La nueva Constitución amplió el número de integrantes del TSJ. Ya no serían cinco, como antes, sino siete (artículo 164), lo cual permitió promover abogados del partido opositor cuyo voto adhirió al mayoritario en la Convención Constituyente.

La reforma más trascendente recayó sobre el funcionamiento del “Ministerio Público” (artículos 171 y siguiente), a cargo del cual se ubicó un fiscal General. Desaparecido el antiguo fiscal del TSJ, emergió un nuevo jefe para dirigir una estructura de mayor protagonismo (demasiado), el cual dura “en sus funciones cinco años y puede ser designado nuevamente”. Es nombrado por el Poder Ejecutivo “previo acuerdo del Senado”, que ya no existe.

Lo de la Unicameral es historia digna de una miniserie.

Los sucesivos gobernadores designaron siete fiscales generales y ninguno fue nombrado nuevamente. Angeloz-Ramón Mestre fueron los últimos radicales que condujeron la provincia y luego se alternaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, hasta llegar hoy a Martín Llaryora.

El angelocismo concibió una moderna constitución con aspectos positivos; en paralelo, se incluyeron temas criticables, muy discutidos, en la creencia de que gobernaría eternamente. Además, se sancionó un nuevo Código Procesal Penal (ley 8.123).

Ese combo dio al oficialismo ventajas que, frustrada la reelección de Ramón Bautista Mestre (mientras peleaba con todos, días antes de los comicios), aprovechó el peronismo triunfante.

Parece que los políticos olvidan legislar para todos, de manera imparcial y sin mezquindades. De hacerlo, gane quien gane, las leyes aprovecharían (o perjudicarían) a un único beneficiario: la sociedad. El actual oficialismo imita desde hace más de 25 años a aquel viejo radicalismo. Coherencia, reconozcamos, existe.

Dos veces designaron como fiscal General a un funcionario de carrera, algún “judicial” del ámbito provincial. Uno, aliado al Poder Ejecutivo que lo nombró, enfrentó al TSJ y a medio Poder Judicial; el otro, fiscal de instrucción, al jubilarse incursionó en política. Los demás fueron o un fiscal de la Justicia federal, que nos lo “prestó” conservándole el cargo, al que volvió para finalmente jubilarse y descubrir inclinaciones políticas; o abogados de la matrícula, es decir, defensores particulares de supuestos delincuentes (todos son inocentes hasta probarse lo contrario) que entraron “por la ventana”, o directamente, y esto es preocupante, funcionarios del Poder Ejecutivo, desconocidos en el fuero Penal, sobre todo. Nunca juristas de prestigio o expertos en asuntos tribunalicios con ascendiente reconocido sobre sus (nuevos) subordinados.

Hubo alguien que duró poco y huyó del cargo rodeado de escándalos. Los demás volvieron a sus estudios jurídicos, que no cerraron, con el lustre –que exhibían orgullosos– de ser “EX” (con mayúsculas destacadas) fiscales generales, lo cual aumentaba la clientela. Sus colegas continuaron atendiendo los intereses de quien luego regresaba a la actividad privada.

Alguna vez, el letrado imposibilitado de litigar cinco años por ser fiscal General debió inhibirse en cuestiones donde aparecía un “ex” (sin mayúsculas) cliente a quien antes defendió y ahora encontraba en la vereda contraria. En la vereda, digamos, no necesariamente opuesta.

Ningún gobernador postuló para el cargo a un fiscal de cámara, juez o camarista, sea en actividad o jubilado (con las excepciones citadas). Cuesta aceptar que ser litigante o funcionario del Poder Ejecutivo habilita mejor para comandar a los fiscales que permanecer décadas en la Justicia. ¿Será que los judiciales son aptos para su tarea, pero no para dirigir a quienes desempeñan esa tarea? No califican para llegar a la cúspide del Ministerio Público.

Resumiendo: los funcionarios políticos y defensores particulares son mejores jefes de fiscales que los fiscales o jueces mismos, según los gobernadores.

Lo dicho vale para los fiscales adjuntos, que asumen de por vida. Con 70 años, jubilado como camarista penal, no volvería a Tribunales, por lo cual ningún interés personal motiva estas líneas. Sin embargo, hay muchos ex (fiscales, jueces, asesores, camaristas) capacitados para encabezar el gigantesco Ministerio Público. Esta afirmación tampoco esconde inclinaciones corporativas.

Nunca serán tenidos en cuenta, por motivos que sólo los gobernadores conocen. Los ignoramos, pero sospechas sobran. Por si fuera poco, crearon una enorme estructura capitaneada por un defensor General y por cuatro adjuntos. Serán jefes de los defensores oficiales. ¿Ordenarán a estos cómo defender? Como sea, ya los ciudadanos cordobeses estamos solventando con nuestros impuestos esa nueva corporación.

Ojalá el Colegio de Abogados no se contagie inventando un comandante de defensores particulares. Como consuelo, reconozcamos que el costo lo pagarían ellos y no los contribuyentes cordobeses. Ni hablar de la pretendida Cámara de Casación, inmensa estructura costosa que algunos proponen crear.

Pensar que alguien, no hace mucho, dijo: “Plata no hay”.

No era cordobés, claro.

• Abogado; exvocal de la Cámara 3ª en lo Criminal de Córdoba