Juicio por YPF: Javier Milei permitió que el procurador del Tesoro se excusara de participar por «decoro»
El presidente Javier Milei autorizó la excusación del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, en el juicio por la expropiación de YPF, en el que Argentina enfrenta una condena por US$ 16.000 millones en Estados Unidos. La decisión fue formalizada a través del decreto 122/2025, que acepta el pedido del funcionario de no intervenir en el caso por razones de «decoro y delicadeza». En su lugar, la defensa del Estado quedará en manos del subprocurador Juan Ignacio Stampalija.
La salida de Castro Videla del proceso responde a su vínculo con el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, el cual colaboró con un bufete de abogados norteamericano que participó en el juicio en Nueva York. Burford Capital, el fondo que demandó a Argentina, presentó como testigos al constitucionalista Alberto Bianchi, socio del procurador, junto con Alejandro Garro y Alfredo Rovira, quienes expusieron sobre el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
El decreto firmado por Milei también exime a Castro Videla de intervenir en otro litigio en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en el caso del Grupo Concesionario del Oeste contra el Estado Nacional.
Mientras tanto, el caso YPF podría tomar un giro inesperado. La jueza Loretta Preska consultó a las partes sobre la viabilidad de una reconsideración de la sentencia, tras la presentación de una denuncia por parte de la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA). El Gobierno argentino avaló ese pedido en un documento presentado a última hora del martes.
La solicitud de revisión se basa en una denuncia de fraude ante la justicia estadounidense, que sostiene que la «argentinización» de YPF en 2008 fue una maniobra encubierta entre Cristina Kirchner y Enrique Eskenazi, entonces dueño del Grupo Petersen. Según esta hipótesis, la compra del 25% de las acciones de la petrolera por parte de Eskenazi habría contado con el aval del kirchnerismo, pero en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández expropió las acciones de Repsol, dejó fuera de la indemnización al empresario.
El Grupo Petersen vendió posteriormente sus derechos de litigio a los fondos Burford y Eton Park, que iniciaron el reclamo en Nueva York y obtuvieron un fallo favorable.
El lunes pasado, el abogado argentino Fernando Irazu, titular de RAFA, presentó una «Moción de la Regla 60», un recurso que permite solicitar la anulación de una sentencia cuando surgen pruebas que no estaban disponibles en el momento del juicio. Contra todo pronóstico, la jueza Preska aceptó analizar el pedido y giró la documentación a las partes para que opinen al respecto.
En su presentación, el Gobierno argentino expresó que Milei «toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble». En esa línea, aseguró que «la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RAFA».
Sin embargo, el escrito, presentado por el abogado Robert J. Giuffra del estudio Sullivan & Cromwell, también sostiene que los tribunales estadounidenses «no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso».
Por su parte, Burford Capital rechazó la presentación de RAFA y desestimó la denuncia por fraude. Argumentó que el pedido carece de sustento técnico y que, de haber sido relevante, debió haber sido presentado antes de que se dictara sentencia.
La jueza Preska se tomará algunos días para evaluar los argumentos. Según el analista Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales contra Argentina, la magistrada podría tomar una decisión antes del cierre de la semana.
Durante su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que el Gobierno colaborará con cualquier investigación estadounidense sobre la adquisición de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen. Sin embargo, insistió en que Argentina seguirá sosteniendo que los tribunales estadounidenses no deberían ser los encargados de resolver el caso.
“Este gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada”, sostuvo Adorni.
También remarcó que la administración de Milei agotará todas las instancias judiciales para evitar que Argentina deba enfrentar el pago de US$ 16.000 millones. “La República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”, concluyó.
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