De revolución a transformación a través del constitucionalismo
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La violenta revolución de 1910 refundó el sistema jurídico mexicano mediante la fuerza del constitucionalismo social.
Educación laica, propiedad colectiva, protección al trabajo y el bienestar de las clases populares se convirtieron en mandatos que se fueron garantizando a través de reformas constitucionales y la acción de instituciones de gobierno y administración.
Conforme el país se industrializo, fue obligado atender a una población duplicada cada 20 años. Esta pasó de 10 millones al inicio del siglo XX a 100 millones en el año 2000 y 30 millones más 20 años después.
Una sociedad así se tornó más compleja, plural y demandante de mejores esquemas de participación política y respuestas a sus exigencias y necesidades.
Cuando entre los años sesenta y setenta esa sociedad le exigió al sistema priista más derechos, democracia y desarrollo, comenzó un proceso de cambio político, económico y jurídico que llevó a ensayar dos propuestas. Las dos ofrecieron alivios y en su momento fracasaron ante sus propias disfunciones y circunstancias cambiantes.
Una fue la propuesta de los dos gobiernos presidenciales priistas de los años setenta (Echeverria y López Portillo) que compensó desequilibrios sociales, pero arriesgo demasiado las finanzas públicas hasta llevar al país a una crisis económica histórica a finales de los años setenta. Ante el desastre financiero, el propio abanico del PRI tuvo que abrirse a nuevas opciones.
La segunda propuesta fue la que se instrumentó en los siguientes 40 años (de De la Madrid a Peña Nieto) y corresponde a lo que se denomina el periodo neoliberal, el cual estuvo basado en un sistema de competencia limitada y racionalización de la vida pública tanto en lo político como en lo económico.
En forma gradual, se asignó mayor protagonismo al sector privado nacional y extranjero, y pasamos de una economía cerrada y protegida a otra abierta y librecambista, lo cual generó, de nuevo, fortalezas junto a debilidades, así como una numerosa ola de reformas constitucionales que formalizaron el modelo económico y político.
La estrategia neoliberal incentivó la polarización entre clases y aceleró la crisis social, propia de la desigualdad y pobreza agudizada en una población creciente, la cual en parte tuvo que emigrar o entregarse a la economía informal o ilícita para poder sobrevivir.
En breve, el agotamiento del Estado posrevolucionario, ya sea nacionalista o neoliberal, a la postre generó su deslegitimación y rechazo por parte de la mayoría social y política. Esta, ante la evidencia de sus costos, optó por la transformación estructural de aquel modelo y dio una oportunidad en 2018 a la izquierda radical, representada por Andrés Manuel López Obrador.
Ya en el poder presidencial, la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) viene ensayando fórmulas heterodoxas para dar respuesta a los graves problemas heredados y emergentes.
A partir de 2019, una nueva ola reformista ha comenzado a desmontar varios de los arreglos del periodo neoliberal y ha seguido encontrado apoyo popular para consolidar la transformación.
Así es cómo hemos llegado al punto de integrar un Congreso constituyente nacional latente que se activa y reacciona de inmediato para ajustar los contenidos constitucionales a las condiciones que sobrevienen en un contexto de resistencias, giros y cambios agresivos que proceden de dentro y fuera del país.
Desde luego, un sistema constitucional, político y jurídico de esa naturaleza no es ordinario. Más bien, es excepcional.
Lo es porque traslada el poder vivo de la mayoría popular al mecanismo de revisión constitucional y encierra la fuerte tensión entre división de poderes, de un lado, y de unidad y eficacia en la conducción del Estado y la sociedad, del otro.
Obviamente, un cambio revolucionario de tal fuste dentro de la propia Constitución la pone en crisis y no puede explicarse con los marcos teóricos al uso.
A este momento crítico en el que nos encontramos bien se le puede agregar un factor adicional que contribuye a recimentar la estructura que se está reconformando.
Me refiero al constitucionalismo local o federativo que mucho puede aportar al proceso de la Cuarta Transformación y su segundo piso.
Pues bien, en Oaxaca esta recimentacion se halla en marcha y en busca de mejores soluciones a viejos y nuevos problemas que en buena medida lo son también del país.
A través de una renovación de la Constitución vigente de 1922, en Oaxaca se está perfilando un texto que regule instituciones bajo un enfoque político, social e intercultural, tanto para seguir construyendo un Estado de bienestar como para hacer transversal el respeto y coexistencia pacífica entre las 16 etnias, el pueblo afro-oaxaqueño y la sociedad culturalmente mayoritaria, mestiza y criolla.
La Constitución que viene será trascendente e ilustrativa pues ensayará un modelo propio surgido del contexto oaxaqueño en el marco del pacto federal y los márgenes previstos para la legislación local remodelando el régimen interior de la entidad federativa.
Los diez títulos actuales de los que consta el texto constitucional y sus 142 artículos con alrededor de 100 mil palabras, 5 veces más que en 1922, podrán ser reordenados y reexpresados para representar y concretar mejor los justos anhelos de la pluralidad y diversidad contemporáneas del pueblo oaxaqueño.
De seguro que estarán ahí sus principios, derechos y garantías, escritos de manera más clara y ordenada; la estructura de tres poderes separados pero bien coordinados, órganos autónomos de Estado y gobiernos municipales y sub municipales, no para si mismos o de unos cuantos sino al servicio de la gente, todos obligados a la integridad, la buena administración pública y las responsabilidades respectivas.
En particular, la Constitución podrá articular un esquema interinstitucional intercultural en el que se proclame el respeto igual a todas las culturas y se garanticen mecanismos para su representación, gestión, interacción y respuesta conjunta al ejercicio equilibrado de sus derechos y satisfacción de sus intereses.
Hace 100 años la revolución y la Constitución de 1917 reivindicaron las demandas de mayorías explotadas por un régimen que no supo corregir sus excesos.
Hace 100 años las constituciones locales acompañaron y respaldaron la exitosa estrategia nacional que nos hizo avanzar de la nada al segundo mundo industrializado.
100 años después, la Constitución de 1917 está recobrando su perfil social que nos hace más resistentes y seguros ante nuevos embates a nuestra soberanía en el mundo de los servicios y la tecnología digital globalizados.
100 años después una Constitución local, la Constitución oaxaqueña está en camino de instaurar un esquema constitucional político, social e intercultural que empodere a pueblos y comunidades, al pueblo en su conjunto, para asentar en bases firmes y sin violencia el segundo piso de la Cuarta Transformación, de la mano de la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum.
sdpnoticias