Delitos violentos | Ecuador: Bajo el control de las pandillas

Barrios muertos: así llama Evandro Moreno a los barrios marginados del noroeste de la ciudad portuaria de Guayaquil, abandonados desde hace mucho tiempo a la violencia de las bandas criminales. El sociólogo ecuatoriano creció en uno de estos barrios, parte de un programa de reasentamiento gubernamental que originalmente se concibió como un proyecto de vivienda social y que ahora es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. El Estado se ha replegado, las calles parecen desiertas y quienes pueden, huyen.

Hoy, Moreno, con la organización Movimiento Barrios en Lucha (MBL), trabaja precisamente ahí: en aquellos barrios donde la presencia del gobierno ha estado ausente durante mucho tiempo. Hace seis años, explica Moreno, las instituciones estatales comenzaron a retirarse sistemáticamente de los barrios más vulnerables: guarderías, centros de salud e incluso la policía municipal desaparecieron gradualmente. Lo que quedó fue la inseguridad, la falta de perspectivas, y la propia gente.

Los menores son explotados

Los niños, niñas y adolescentes de barrios marginados se ven particularmente afectados. Los jóvenes que no son víctimas corren el riesgo de ser reclutados por bandas de narcotraficantes , como correos, mensajeros o incluso para el sicariato . La explotación sexual de niñas y mujeres también está en aumento. Muchos padres huyen para proteger a sus hijos. El Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) advierte sobre la creciente explotación de menores por parte de grupos criminales.

El reclutamiento no solo se produce mediante la coerción, sino también dentro de una economía de supervivencia. Los jóvenes no son el problema; son un síntoma de un Estado que los ha abandonado. El crimen organizado es muy hábil para reconocer y explotar las deficiencias institucionales, afirma Billy Navarrete, portavoz del CDH.

Dondequiera que se necesite urgentemente una salida a la espiral de violencia, Moreno y la MBL organizan proyectos culturales y artesanales, como la Batucada Popular, un conjunto de tambores que ofrece a los jóvenes un espacio de expresión y comunidad. O talleres textiles autogestionados que permiten a madres solteras generar sus propios ingresos. Esto crea espacios de resistencia para quienes no quieren simplemente aceptar la violencia.

Pero incluso estos proyectos están llegando a los límites de una realidad donde la violencia domina la vida. Recientemente, dos miembros de la Batucada, Mikel Mesías Gutiérrez (13) y Dylan Saa (13), se vieron envueltos en un tiroteo entre bandas rivales. En Flor de Bastión, escenario del incidente, esto no es una excepción para muchos jóvenes negros, sino una amarga experiencia cotidiana. La extrema violencia es claramente evidente en este barrio, uno de los puntos calientes de Guayaquil: tan solo en mayo de 2025, más de 30 personas fueron asesinadas allí en pocos días en enfrentamientos entre bandas rivales.

La vida entre los frentes

Los jóvenes negros de estos barrios viven entre dos frentes, explica Moreno: por un lado, las bandas armadas; por el otro, un aparato de seguridad que no protege, sino que responde con violencia arbitraria. La policía y el ejército se centran en el control más que en la protección: las redadas racistas, el acoso y las agresiones forman parte del riesgo cotidiano.

En cuanto alguien es asesinado o secuestrado en cualquier lugar de la ciudad, sabemos que acuden a nosotros. Y no vienen a ayudar, sino a buscar a alguien a quien culpar.

Desde que asumió el cargo, el presidente Daniel Noboa ha recurrido cada vez más a medidas represivas, legitimadas por la promesa de combatir el crimen organizado. El 25 de junio de 2024, incrementó drásticamente las penas para los menores infractores: por delitos graves relacionados con el crimen organizado, los menores enfrentan ahora hasta 15 años de prisión. Pueden ser condenados como adultos; ya no se requieren medidas socioeducativas y se ha extendido la prisión preventiva. El último endurecimiento de la ley ha sido impugnado legalmente desde entonces.

Organizaciones de derechos humanos como el CDH y Human Rights Watch critican la creciente militarización, calificándola de pura represión que ignora las causas profundas de la violencia urbana. Una estrategia eficaz para acabar con el reclutamiento y proteger a niños, niñas y jóvenes no cambiará la situación en los barrios a largo plazo sin la participación de las personas afectadas en el terreno, advierte el portavoz del CDH, Billy Navarrete.

El fenómeno de la violencia y el abandono se extiende cada vez más en Ecuador: según el Consejo Noruego para los Refugiados, solo en 2024 se registraron 101.000 casos de desplazamiento interno debido al conflicto y la violencia criminal. En los últimos tres años, el país se ha convertido en una vía de tránsito y centro del tráfico internacional de cocaína debido al debilitamiento de los principales cárteles en México y Colombia, lo que ha desencadenado brutales batallas entre bandas criminales por territorio e influencia.